Comisiones Obreras de Ceuta | 26 abril 2024.

Sin recursos, no hay inclusión

    20/02/2022.
    Colegio San Antonio Ceuta

    Colegio San Antonio Ceuta

    "Sin recursos, no hay inclusión". Esta frase, sencilla y concluyente, sintetiza la movilización impulsada por un conjunto de entidades (entre las que figuran tres sindicatos del ámbito educativo) para reivindicar ante el Ministerio de Educación y Formación Profesional una ampliación de las plantillas (docentes y profesionales de los servicios complementarios) que se ocupan específicamente de los alumnos con necesidades educativas especiales. Este estallido se produjo en el primer trimestre del curso como consecuencia de dos hechos coincidentes. Por un lado, se impuso efectivamente la obligatoriedad (legal) de atender a este colectivo en el aula ordinaria (principio metodológico de inclusión educativa) Hasta este curso se había soslayada de manera taimada con la anuencia de la administración. Por otra parte, los efectivos del Plan de Empleo (concebidos de manera errática como una especie de “brigada de socorro de la educación especial”) demoraron su incorporación hasta el inicio del segundo trimestre por razones absolutamente ajenas al sistema educativo (riesgos de utilizar instrumentos inadecuados). La conclusión era más que previsible. Durante tres eternos meses, en todos los centros reinó una incontenible amargura. La falta de recursos para atender al alumnado fue clamorosa. Los especialistas no daban abasto. Los tutores se veían impotentes para desplegar su labor habitual teniendo que atender, además, a alumnos y alumnas que necesitan una atención individualizada, imposible de dispensar en aulas con más veinticinco alumnos. Los escasos profesionales de servicios de la plantilla del ministerio se frustraban en un vano esfuerzo para multiplicarse por tres. Este formidable caos contaminó la vida interna de los colegios y trascendió a las familias que se angustiaban siendo conscientes de que sus hijos e hijas, muy necesitados de apoyo y ternura, no podían ser atendidos adecuadamente. Este fue el origen del conflicto. La justa reacción social para reclamar al ministerio el cumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de sus competencias.

     

    La prueba irrefutable de la razón que asiste a las entidades reivindicativas está, precisamente, en la situación que se vive en los centros desde que se han incorporado los trabajadores y trabajadoras de los planes de empleo. Ahora sí existen recursos suficientes. Cada alumno o alumna con afectación severa dispone de un asistente educativo que lo atiende personalmente durante la jornada. Existen cuidadores suficientes para desempeñar sus funciones correctamente. Aunque aún se siguen observando carencias (graves) en algunos casos (tales como fisioterapeutas o enfermeras). El cambio radical operado por la dotación de los planes de empleo demuestra la indiscutible escasez de las plantillas del Ministerio destinadas a la educación especial.

    A pesar de esta evidencia, el Ministerio, durante el conflicto (que aún se mantiene) se ha mostrado muy beligerante rozando por momentos una incomprensible soberbia institucional. Es probable que en el subconsciente pese mucho el remordimiento de quienes se atribuyen la condición de adalides de la equidad educativa y son, a la vez, los responsables de abandonar a su suerte al colectivo más vulnerable de la sociedad. La posición del Ministerio, rechazando categóricamente las demandas sociales, se fundamente en tres verdades que sólo cabe calificar de miserables. “Se puede falsear la historia sin decir una sola mentira” (inteligente aforismo de perfecto encaje en este caso). Han construido una trinchera aritmética, desprovista por completo de pedagogía y sensibilidad; precisamente lo que ellos mismos deberían haber aportado.

     

    Un primer argumento es que “ahora hay más recursos para la educación especial que nunca”. Absolutamente cierto. Lo que no dicen es que antes no se practicaba la inclusión educativa (lo que reduce en, aproximadamente, un sesenta por ciento la carga lectiva de atención por alumno); y que el aumento del alumnado con trastorno del espectro autista (el que demanda una atención más personalizada) ha aumentado muy considerablemente en los últimos años. En términos proporcionales (la ratio de horas de atención por alumnos, ha disminuido).

     

    Su segunda verdad exculpatoria se basa en el viejo aforismo “en todas partes cuecen habas”. Según el Ministerio, en otras regiones están peor. Esta “brillante” idea probablemente provenga de la excesiva influencia andaluza que se deja notar en las altas esferas de la Dirección Provincial. Debe ser verdad, porque en ciudades como Cádiz, Sevilla o Málaga también se están llevando a cabo movilizaciones. Lo que ocultan los cancerberos de la negación es que en esas otras comunidades existen una amplia red de recursos disponibles en otros ámbitos. Además, y en cualquier caso, provoca vergüenza ajena que el Ministerio responda a familias, docentes y profesionales, preocupados por el devenir de un segmento especialmente vulnerable de la población escolar, escondiéndose tras deficiencias ajenas.

    El último argumento sobre el que pivota la displicente indiferencia gubernamental es que “ellos cumplen la ley”. Es una verdad convenientemente fragmentada. Porque se les “olvida” decir que cumplen “el mínimo” establecido en la ley. Y esta es la clave de este asunto y sobre la que debería centrarse el debate.

     

    La Orden Ministerial que regula la atención a la diversidad (del año dos mil diez) recoge, en un anexo, los recursos mínimos con los que deben contar los centros para cumplir el contenido de la ley. Es cierto que ese nivel mínimo se cumple en Ceuta (aunque en más casos de los deseables los denominados “apoyos” actúen en la práctica más como comodines del centro para atender bajas y otras eventualidades, que como efectivos de atención a la diversidad). Lo que sucede es que la misma ley dice que estos recursos mínimos se “podrán” (el futurible volitivo que actúa como eficaz salvoconducto para la ineficacia administrativa) ampliar en función de las necesidades. Esta parte de la ley, también es de obligado cumplimiento (existe una perversa tendencia en este ministerio a incumplir impunemente las leyes que él mismo obliga a cumplir a los demás). Y este es el motivo de la controversia. ¿Cómo se concreta el concepto abstracto “necesidad”?

     

    El Ministerio funciona actualmente de la siguiente manera: asigna el mínimo legal a cada centro y, a partir de ahí, añade los efectivos que buenamente puede ir recuperando (cupo sobrante o excedente) y los reparte por los centros con más alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. Cada centro distribuye los horarios disponibles entre el alumnado que alberga. La “buena voluntad” no se puede negar. Pero la improcedencia, ineficiencia e ineficacia del sistema, tampoco. Entre otros motivos porque el término “necesidad” en educación especial no es único y no tiene una unidad de medida uniforme. Se debe calibrar de manera independiente e individual para cada uno de los casos.

     

    El método correcto para asignar los efectivos a los centros debería ser el inverso (es el que se utiliza para el resto de las enseñanzas); es decir, en primer lugar, se debe cuantificar el volumen de total horas preciso para atender convenientemente a cada alumno en función de sus propias características (este es el principio de equidad educativa). Para ello, el informe preceptivo de cada alumno, debería incluir, no sólo diagnóstico y medidas, sino no también carga lectiva consecuente. El horario así estimado es el criterio riguroso para determinar las plantillas por centro y especialidad. Eso es practicar la equidad educativa. Atender con dignidad y calidad a todos por igual. Lo contrario (lo que se hace) es seguir tratando (como en olvidados tiempos pretéritos) a este segmento de la población escolar desde la óptica de la “compasión” mal entendida, y que se debe conformar con lo que buenamente se les proporcione. No tiene derecho a más. Por ahí no pasamos. Seguiremos insistiendo.

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